Políticos y periodistas nadando en aguas residuales

Hace un par de meses la empresa Ecosistema de Colima S.A. de C.V. que es la encargada de operar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) anunció que existe la posibilidad de que ya no continúe con la operación de la planta de tratamiento y ello derive en la inevitable contaminación del río Colima y con ello el “inminente riesgo ambiental y social que se está generando en el estado de Colima, como consecuencia de los incumplimientos de Ciapacov”. De acuerdo con el apoderado legal de esa empresa, Héctor Raúl Vizcarra Pascual, la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, Colima-Villa de Álvarez (Ciapacov) hasta ese momento tenía un adeudo que de más de 86 millones de pesos. Incluso señaló que el organismo operador tenía un plazo de 15 días a partir de la notificación de requerimiento de pago para cubrir el adeudo.

En realidad, más que una presión legal para el gobierno de Indira Vizcaíno Silva y para la CIAPACOV, se trató de una presión mediática a la cual algunos detractores oficiosos de la actual administración así como actores políticos de oposición se engancharon. Los primeros, quizás para hacer presión y de esta forma obtener canonjías y los segundos porque en ese tiempo estaban urgidos de reflectores para fortalecer sus fracasados proyectos políticos. Lo más grave fue que no se metieron a analizar de fondo este asunto y si lo hicieron peor, pues demuestran con ello la mezquinidad con la que actuaron.

Un año antes de que Vizcarra Pascual iniciara su campaña en medios de comunicación, en un evento de Diálogos por la Transformación realizado en Junio del 2023, la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno Silva, el director general de la Ciapacov, Vladimir Parra Barragán y el consejero jurídico de la administración estatal, Roberto Rubio, habían dado a conocer que se habían interpuesto juicios o demandas para buscar la nulidad del contrato de prestación de servicios de la PTAR de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez con una empresa privada de origen colombiano. "Queremos frenar en primera instancia cobros abusivos y echar abajo ese contrato que representa un daño para el patrimonio de las y los colimenses, un daño que tiene ya bastantes años dándose, pero no podemos permitir que eso siga sucediendo y voltear la cara hacia otro lado", habría expresado en ese entonces la mandataria estatal.

Por su parte, el director de Ciapacov, Vladimir Parra, fue claro en explicar esos abusos, como la ampliación injustificable del contrato -que se realizó en pasadas administraciones- para que en lugar de que venciera en el año 2026 concluyera hasta el año 2041 y para ello se hicieron seis convenios modificatorios, prácticamente todos en detrimento del estado. También mencionó que el pago a la empresa que opera la PTAR, sino lo hace Ciapacov, es cobrado directamente de las participaciones federales correspondientes al estado de Colima, pero como no hicieron adecuadamente el proceso para que tuvieran como garantía las participaciones hasta 2041, buscaron que se pagara todo lo adeudado antes del 2026. Asimismo refirió que tan solo en el año 2022 se habían pagado alrededor de 128 millones a la empresa Ecosistema de Colima S.A. de C.V. y que representa una cuarta parte del presupuesto del organismo operador. "No se buscaron las mejores condiciones para Ciapacov (...) Es un contrato leonino, lesivo para Ciapacov", habría señalado.

El consejero jurídico de la administración estatal, Roberto Rubio, en ese mismo evento dio a conocer que el 9 de marzo de 2023 se había entablado un juicio ante el Tribunal de Justicia Administración (TJA) contra de TICSA y Ecosistema de Colima S.A. de C.V. para que deje sin efecto el cambio planteado unilateralmente para el aumento de las amortizaciones y otros cobros excesivos. Así como el pago o devolución de cobros excesivos por no haber aplicado un descuento de 180 mil pesos mensuales que correspondía de acuerdo al contrato. Destacando que se logró la suspensión, mientras dure el juicio. También destacó que se interpuso otra demanda ante el TJA que busca dejar sin efecto el contrato signado en 2006 y los 6 convenios modificatorios, la nulidad del Contrato de Crédito en Cuenta Corriente Contingente e Irrevocable con afectación a Participaciones Federales. Añadiendo que también desde el año pasado (2022) se interpuso una denuncia por posibles actos de corrupción en contra de quien resulte responsable.

Estas son las causas económicas y sociales que desde los años 2022 y 2023 defiende por la vía legal el gobierno del estado y la Ciapacov ante prácticamente el saqueo de recursos económicos que venía realizando la empresa Ecosistema de Colima S.A. de C.V. Desde hace más de un año existen demandas y juicios en contra de quien opera la PTAR y por esa razón están jurídicamente suspendidos los pagos y/o los descuentos de participaciones federales para cubrir el adeudo que se reclama. Y eso lo sabía muy bien el apoderado legal que intentó agitar las olas mediáticas como si en la radio, periódicos y páginas digitales fuera a resolver a su favor los litigios en contra de la empresa que representa.

Por eso resulta cuestionable la actitud de los diputados Fernanda Salazar, Héctor Magaña y Jesús Dueñas que estuvieron prestos a defender el interés muy particular de una empresa que disfrazada de ecologista, saquea los recursos económicos de los colimenses. Echaron a volar su imaginación para que, sin sustento alguno, acusaran desvío de recursos y corrupción que, según ellos, podría derivar en problemas de salud, situaciones que solo existen en sus empobrecidas mentes; por eso los ciudadanos de Colima y de Villa de Álvarez los botaron como representantes populares.

De los opinadores en radio es otro el cantar, su insana actividad de tener como cliente frecuente al gobierno del estado no les ha dado resultado y es que se contradicen solos, cuestionan acremente el incremento de las tarifas en otros servicios, pero “calladitos” durante largo tiempo por el cobro de altas tarifas en el servicio de agua potable debido a que desde el año 2008 los usuarios de Colima y Villa de Álvarez están obligados a pagar un apartado en su recibo de agua que es el de saneamiento, dinero que, hasta antes de las demandas y juicios, iba integro a una empresa particular que ya se ha visto, con el apoyo de otros gobiernos anteriores, vino a Colima a robar en despoblado.